Editorial
Joaquín Hidalgo Marte y Alex Cruz Díaz pasaron siete meses en prisión preventiva por un crimen que no cometieron.
Fueron acusados del homicidio de Paula Santana sin pruebas, torturados por agentes de la DICRIM para arrancarles una confesión, y utilizados como trofeo por un Ministerio Público más preocupado por el titular que por la verdad. Cuando finalmente se pidió archivar el caso, ya era tarde: sus vidas estaban arruinadas.
Fueron víctimas del sistema por ser pobres, por vivir en barrios marginados, por ser prescindibles para la maquinaria judicial. Y víctimas también del ruido: comunicadores, opinadores, voces airadas que no piden justicia, sino sangre.
En este país, cada vez que se abre un caso, todo el mundo quiere cárcel inmediata, aunque no haya pruebas. Se indignan si no hay prisión preventiva, y hasta se les hace poca. Como dijo Chanel Rosa: ¿y si los hubieran matado en un “intercambio de disparos”? Así como esta imputación fue falsa, ¿cuántos de los caídos por acción policial eran inocentes?
Por eso son importantes los derechos humanos. Para eso existe el debido proceso: para evitar la persecución de inocentes, para impedir ejecuciones extrajudiciales, para frenar la deportación de dominicanos negros, para contener los excesos del poder, los excesos del morbo, y también los excesos de nuestra propia humanidad. Porque un sistema penal que prioriza el escándalo sobre la justicia no protege a nadie. Solo genera miedo, venganza y errores irreparables. Hoy fueron Joaquín y Alex. Mañana, puede ser cualquiera.
