El Ministerio Público denuncia parcialidad judicial y protege investigación contra red acusada de corrupción, lavado de activos y sabotaje a infraestructura crítica
SANTO DOMINGO (República Dominicana) – La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) encendió las alarmas este miércoles al recusar a la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por mostrar una “parcialidad manifiesta” en el proceso judicial contra Hugo Beras, José Gómez Canaán (Jochi) y demás implicados en una supuesta red criminal que habría defraudado al Estado dominicano mediante el contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
El fiscal Jonathan Pérez Fulcar, quien lidera el equipo litigante, señaló que las decisiones de la magistrada “benefician injustificadamente a los imputados”, comprometiendo la integridad del proceso penal. Entre las decisiones cuestionadas se encuentra la autorización de viajes al extranjero para Gómez Canaán, pese a tener impedimento de salida y vínculos con los destinos aprobados, como Estados Unidos y Panamá.
Además, la jueza ordenó devolver armas de fuego a Gómez Canaán –registradas a nombre de terceros– y levantó medidas cautelares sobre cuentas bancarias y bienes, en el marco de una investigación por lavado de activos y corrupción administrativa.
El Ministerio Público denunció que estas decisiones rompen con precedentes judiciales y representan una grave violación al principio de separación de funciones, ya que la jueza habría intentado limitar el alcance de la investigación, negando públicamente que se esté procesando por lavado de activos, pese a que esa acusación está formalmente incluida desde el inicio del caso.
“Confiamos en que la Corte de Apelación del Distrito Nacional actuará con objetividad ante esta recusación”, declaró el fiscal Pérez Fulcar.
En este escándalo sin precedentes están implicados varios exfuncionarios del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), incluyendo:
- Hugo Beras, exdirector del Intrant
- José Gómez Canaán (Jochi), empresario
- Frank Díaz Warden, excoordinador de despacho
- Samuel Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología
- Pedro Padovani Báez, exjefe del Centro de Control de Tráfico
- Juan Álvarez Carbuccia, director financiero
- Carlos Peguero Vargas
- Y otros vinculados a la empresa Aurix S.A.S.
La megaoperación judicial incluyó más de 30 fiscales especializados y 170 agentes desplegados en el Distrito Nacional, San Cristóbal, Santo Domingo Este y Punta Cana, donde fueron incautadas evidencias clave que respaldan los cargos de:
🔹 Corrupción administrativa
🔹 Estafa y falsificación
🔹 Coalición de funcionarios
🔹 Contrabando y comercio ilícito
🔹 Sabotaje y terrorismo contra infraestructura crítica
🔹 Robo de identidad
🔹 Lavado de activos
Este caso se perfila como uno de los mayores escándalos de corrupción tecnológica en la historia reciente del país, y podría marcar un antes y un después en la relación entre justicia, política y transparencia institucional en República Dominicana.
