Santo Domingo.- La Dirección General de Migración (DGM) informó este viernes de que ayer fueron detenidos 877 haitianos en varios puntos del país y otros 785 indocumentados fueron repatriados por Elías Piña, Dajabón y Pedernales.
En un comunicado, la DGM detalló que en el Gran Santo Domingo se arrestó a 164 personas, en Santiago a 126, en La Vega a 51, en Mao/Santiago Rodríguez a 49, en la Zona Este a 114, en Azua a 10, en Barahona a 45, en Puerto Plata a 13 y en Montecristi también a 13.
Además, en coordinación con Migración, el Ejército de República Dominicana detuvo a 210 personas, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza a 74 y la Policía Nacional a 8, unas operaciones de interdicción de extranjeros en situación irregular en la que, entre otros organismos de seguridad del Estado, colaboran la Armada, la Fuerza Aérea, el Ministerio Público, el Ciutran y la Digesett.
En cuanto a las deportaciones, la DGM indicó que 634 personas fueron entregadas a las autoridades migratorias haitianas por el punto migratorio de Elías Piña, 136 por Dajabón y 15 por Pedernales.
En su nota, Migración reiteró que las detenciones se llevan a cabo “bajo un estricto protocolo garante de las prerrogativas y la dignidad, así como del respeto y la seguridad de las personas, en particular de las mujeres, envejecientes y de los menores, quienes también son asistidos por el CONANI y sólo se repatrían si están acompañados de familiares adultos”.
En octubre pasado, el presidente Luis Abinader ordenó la expulsión masiva de migrantes en situación irregular, unos 10.000 por semana y, según datos oficiales, desde que se tomó esta medida más de 180.000 haitianos han sido deportados, pese a los llamamientos de organismos internacionales y organizaciones para evitar las expulsiones ante la crisis multidimensional y la extrema violencia en Haití que el año pasado causó más de 5.600 muertes.
Este mes se anunciaron nuevas medidas, entre ellas un protocolo que entró en vigor el pasado lunes en 33 hospitales públicos conforme al cual se verifica que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio y que cubran el costo de los servicios recibidos. En caso contrario, serán atendidos médicamente y, una vez recuperados, deportados.
El jueves, el Consejo Presidencial de Transición de Haití condenó “con la mayor firmeza toda forma de discriminación y toda violación de los derechos fundamentales” de los que serían víctimas sus ciudadanos, alertó de que las condiciones en las que se están llevando a cabo las expulsiones son “especialmente preocupantes” e instó a las autoridades dominicanas a “respetar los derechos humanos” de sus nacionales.
Frente a ello, el Gobierno dominicano respondió que las repatriaciones de haitianos en situación migratoria irregular se llevan a cabo en el marco de la ley, con respeto a la dignidad y los derechos humanos, y responden a la responsabilidad “irrenunciable” del Estado dominicano de preservar el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos.
El protocolo de verificación migratoria en hospitales ha generado numerosas críticas, entre ellas la del secretario general de la ONU, António Guterres.
También Amnistía Internacional consideró que ello “no solo viola el derecho a la salud, sino que deshumaniza a personas sin documentación y seguramente las disuadirá de acudir a hospitales, poniendo vidas en peligro” y, en su lugar, indicó que el Gobierno dominicano “debe adoptar medidas concretas contra la discriminación racial, garantizar el acceso a protección internacional para las personas necesitadas y asegurar un entorno libre de estigmatización”.
En respuesta, Abinader dijo que Amnistía Internacional “vaya a trabajar en Haití, que vayan a ocuparse de la situación de los derechos humanos en Haití, que no abandonen a Haití. Y a la comunidad internacional también que lo haga”, para añadir: “Mi responsabilidad es defender a la República Dominicana”.
