El Ministerio Público ejecuta diligencias procesales para salvaguardar los derechos de las víctimas del colapso del centro nocturno
Santo Domingo.— La Procuraduría General de la República (PGR) ha activado una serie de medidas judiciales contra el empresario Antonio Espaillat López, ante informaciones que lo vinculan con presuntas maniobras para traspasar bienes a su nombre, en lo que el órgano acusador interpreta como una posible estrategia para evitar el cumplimiento de eventuales responsabilidades civiles derivadas del colapso de la discoteca Jet Set.
De acuerdo con el periódico Listín Diario, la Dirección de Persecución del Ministerio Público, que encabeza el procurador adjunto Wilson Gómez, ha iniciado diligencias procesales contra las empresas Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, así como otras propiedades registradas a nombre de Espaillat.
Las acciones incluyen oposiciones a traspasos de bienes que estaban en proceso de movimiento registral. Según explicaron fuentes del Ministerio Público, se trata de medidas de carácter preventivo, destinadas a garantizar el resarcimiento a las víctimas y evitar la ocultación o enajenación de activos, tras el derrumbe ocurrido el pasado 8 de abril, que dejó un saldo de 232 muertos y más de 180 heridos, incluyendo al reconocido merenguero Rubby Pérez, quien falleció durante el espectáculo que se celebraba esa noche.
“El Ministerio Público ha gestionado imponer un impedimento cautelar a cualquier transacción accionaria o patrimonial de las empresas vinculadas a Antonio Espaillat”, indicó una fuente citada por el Listín Diario, agregando que las medidas se amparan en las disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Aclararon, sin embargo, que la figura legal del lavado de activos se utiliza como mecanismo cautelar, pero Espaillat no está siendo investigado penalmente bajo ese cargo. “Es una herramienta jurídica que permite suspender transacciones mientras se profundiza la investigación”, detallaron.
El Ministerio Público también ha iniciado una auditoría documental sobre la constitución legal de las empresas, las licencias de operación, pólizas de seguro, condiciones estructurales del local siniestrado y el cumplimiento de las normas exigidas por la legislación dominicana para el funcionamiento de negocios de entretenimiento masivo.
Aunque el empresario ha manifestado públicamente su disposición a cooperar con la justicia, las autoridades mantienen en curso una revisión integral del caso, sustentada en los principios establecidos por la Ley Orgánica del Ministerio Público 133-11, que otorga al órgano persecutor autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, así como la responsabilidad de velar por los derechos fundamentales y proteger a las víctimas.
El desplome del techo del icónico centro nocturno Jet Set ha sido uno de los hechos más trágicos de la vida nocturna en la capital dominicana, reabriendo el debate sobre los controles estructurales, supervisión oficial y la responsabilidad civil y penal en este tipo de establecimientos.
Fuente: Listín Diario
