ACLU pide al Supremo intervenir para frenar traslados a la megacárcel del Cecot, donde ya han sido enviados más de 200 migrantes
San Antonio, (EFE).– El Gobierno de Estados Unidos intenta expulsar a más migrantes venezolanos hacia El Salvador, según denunció este viernes la organización Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU), que presentó varios recursos de emergencia —algunos incluso dirigidos al Tribunal Supremo— para frenar los traslados.
Las demandas argumentan que el Gobierno estadounidense está intentando ejecutar las expulsiones en virtud de la ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa que ha sido utilizada solo en tiempos de guerra y que actualmente no se considera aplicable.
Según la ACLU, las autoridades estarían ignorando una decisión reciente del Supremo, al proceder con las deportaciones sin notificar a los abogados de los migrantes ni brindarles la oportunidad de defenderse.
Familiares de los detenidos en un centro de detención en Anson, Texas, informaron que los migrantes podrían ser enviados a El Salvador esta misma noche o mañana, bajo acusaciones de pertenecer al Tren de Aragua, una banda criminal nacida en cárceles venezolanas. Sin embargo, la ACLU denuncia que los documentos que les obligan a firmar están en inglés, idioma que muchos no comprenden.
“Es necesaria una intervención de emergencia para prevenir un daño irreparable y permanente a los demandantes”, señala el recurso presentado al Supremo.
La semana pasada, el Supremo autorizó al Gobierno a continuar con las expulsiones, siempre y cuando se cumplan requisitos como la notificación previa y derecho a réplica.
El plan es parte de un controvertido acuerdo entre EE.UU. y el presidente salvadoreño Nayib Bukele para trasladar a migrantes detenidos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel de máxima seguridad que ha sido blanco de críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Según el acuerdo, del que no se conocen detalles completos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para cubrir gastos operativos del Cecot.
Hasta ahora, más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, han sido trasladados a esa prisión. No obstante, un reciente análisis de Bloomberg reveló que el 90 % de ellos no tiene antecedentes penales en territorio estadounidense.
La medida ha generado fuerte crítica entre organizaciones defensoras de derechos humanos, que la consideran una criminalización de la migración y un peligroso precedente legal.
