Editorial
Por años, la vivienda ha sido uno de los grandes temas pendientes en la agenda del desarrollo dominicano. A pesar de los avances visibles en infraestructura y acceso a servicios públicos, los datos del informe ENHOGAR-2024 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) nos recuerdan que la realidad habitacional del país sigue marcada por profundas desigualdades, brechas urbano-rurales y condiciones que comprometen el bienestar y la seguridad de cientos de miles de familias.
Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es que el 42.5% de las viviendas particulares ocupadas son alquiladas, lo que significa que casi la mitad de los hogares dominicanos no tiene asegurada una vivienda propia. Esta cifra se eleva al 46.0% en las zonas urbanas, revelando una preocupante dependencia del alquiler en ciudades como Santo Domingo, Santiago y otras cabeceras provinciales. En contraste, en zonas rurales, solo el 22.9% de las viviendas son alquiladas, predominando la propiedad familiar o heredada.
El alquiler, en sí mismo, no es un problema. Lo que preocupa es que para muchos hogares dominicanos el alquiler no es una opción elegida sino una imposición estructural. La falta de acceso a crédito hipotecario, los bajos salarios y el alto costo del suelo urbano obligan a familias jóvenes, madres solteras, trabajadores informales y migrantes internos a vivir bajo esquemas de arriendo muchas veces inestables, sin contratos formales ni protección legal. El resultado: inseguridad residencial, movilidad forzada y una enorme barrera para el desarrollo patrimonial.
Pero no es solo la tenencia lo que está en juego. El informe también muestra deficiencias importantes en la calidad de las viviendas y su acceso a servicios básicos esenciales. Por ejemplo, en el ámbito rural, el 22.3% de los hogares utiliza aún letrinas rudimentarias como sistema principal de saneamiento. Esto no es solo una carencia técnica, sino una situación que expone a las familias, especialmente a niñas y mujeres, a riesgos sanitarios, infecciones gastrointestinales y condiciones indignas de vida. Tener una vivienda sin baño adecuado en pleno 2024 no es aceptable en un país de renta media que aspira a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El informe también confirma que la vivienda dominicana sigue muy expuesta a la vulnerabilidad ambiental. En las zonas rurales, el 36% de los hogares perciben vivir en zonas de alto riesgo ante fenómenos naturales. Y es lógico: muchas viviendas están construidas cerca de ríos, en zonas inundables, en laderas sin protección o en suelos sin regulación ni servicios. Esta realidad, agudizada por el cambio climático, convierte a cada tormenta tropical o huracán en una amenaza directa para la vida y el patrimonio de cientos de miles de personas.
Este conjunto de datos pone de relieve un desafío estructural: no basta con tener techo; se necesita que ese techo sea seguro, legal, saludable y digno. Y esto exige más que buenas intenciones. Requiere una política pública robusta, transversal, bien financiada y con visión de equidad territorial. Lamentablemente, el país aún no cuenta con un marco legal integral de vivienda que articule programas, actores y metas de forma coordinada y sostenible.
Por ello, es urgente que las autoridades nacionales —gobierno central, ayuntamientos, Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), INFOTEP, el Congreso Nacional— asuman con determinación este tema como una prioridad nacional. No se trata de regalar casas, sino de diseñar un ecosistema que permita a todos los dominicanos acceder a una vivienda adecuada, de forma progresiva, segura y sostenible.
En ese sentido, el informe sugiere varios caminos que deben tomarse en serio:
- 1. Programas de mejora habitacional en zonas rurales. Muchos hogares ya tienen vivienda propia, pero en condiciones precarias: pisos de tierra, techos de zinc oxidados, letrinas rudimentarias. Una intervención masiva, articulada con gobiernos locales y cooperativas comunitarias, que suministre materiales de construcción a bajo costo y asesoría técnica, permitiría mejorar rápidamente la calidad de vida de miles de familias rurales.
- 2. Aumento de la oferta de vivienda social urbana. Las ciudades dominicanas necesitan más viviendas formales, bien localizadas y asequibles para los sectores populares y clase media. El Estado debe liderar esta oferta, articulando alianzas público-privadas, uso de suelo estatal, mecanismos de financiamiento y una regulación clara del mercado del suelo y del alquiler. Se necesita un “Plan Nacional de Vivienda Asequible” que convierta el alquiler actual en opción, no en condena.
- 3. Financiamiento justo y accesible. El acceso al crédito hipotecario sigue siendo una meta lejana para millones de dominicanos. Crear esquemas de financiamiento flexibles, con tasas subsidiadas y períodos de gracia para jóvenes, mujeres jefas de hogar y trabajadores informales es indispensable para democratizar la posibilidad de construir o adquirir una vivienda.
- 4. Vincular vivienda con resiliencia ambiental. No se puede seguir construyendo viviendas en zonas de alto riesgo. Es momento de exigir evaluaciones de riesgo ambiental antes de aprobar proyectos habitacionales. Además, toda nueva inversión pública en vivienda debe considerar criterios de resiliencia climática: drenajes adecuados, techos resistentes, materiales sostenibles, ubicación segura. Cada peso invertido en prevención puede ahorrar millones en reconstrucción.
- 5. Marco legal integral de vivienda. La República Dominicana necesita una Ley General de Vivienda que regule de forma clara la tenencia, el alquiler, los estándares mínimos de habitabilidad, la producción social del hábitat y el papel del Estado. Este marco legal debe proteger tanto a arrendatarios como a propietarios, formalizar el mercado y asegurar transparencia en subsidios y asignaciones.
- 6. Monitoreo ciudadano y transparencia. La ejecución de políticas de vivienda debe estar abierta al escrutinio público. Crear observatorios ciudadanos de vivienda, publicar datos georreferenciados de inversiones, metas cumplidas, beneficiarios y criterios de asignación, fortalecería la confianza en el Estado y garantizaría mayor eficacia en la asignación de recursos.
Este llamado no es solo técnico. Es profundamente ético. Una vivienda segura, digna y adecuada es más que un derecho constitucional: es una condición esencial para el ejercicio de todos los demás derechos. Donde no hay techo seguro, hay mayor deserción escolar, peor salud, más inseguridad, más violencia intrafamiliar. La vivienda es el núcleo físico de la vida familiar, de la esperanza de progreso. Y también, lamentablemente, puede ser el reflejo más crudo de la exclusión.
Tenemos los datos. Tenemos la capacidad. Lo que falta es decisión política.
