Nueva York, (EFE).- La compañía aeroespacial SpaceX, fundada por Elon Musk, acusó a un organismo regulador de las actividades en la línea costera de California por limitar sus lanzamientos de cohetes, supuestamente por motivos políticos.
Según la demanda interpuesta por SpaceX contra la Comisión Costera de California en un tribunal federal de Los Ángeles, el organismo ha «castigado a una empresa por las ideas políticas y declaraciones de su mayor accionista y CEO», Elon Musk.
En concreto, la empresa acusa a la Comisión, que regula el uso de los terrenos y el agua en la zona costera del estado, de intentar regular los programas de lanzamientos espaciales en la base Vandenberg, un enclave federal, con un ejemplo que le afecta.
La firma indica que las Fuerzas Aéreas de Departamento de Estado propusieron incrementar de 36 a 50 el número de lanzamientos que SpaceX puede hacer en esa base, para lo que la empresa necesitaba un permiso de la Comisión, que fue sometido a voto.
El 10 de octubre, un panel de la comisión denegó ese permiso y, de acuerdo con la denuncia, sus miembros «expresamente declararon que su decisión no se basaba en preocupaciones por el impacto en los recursos costeros, sino en las ideas políticas» de Musk.
Aparece citada, entre otros, la comisaria Gretchen Newsom -que no tiene relación con el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom- hablando de las «falsedades políticas» de Musk en relación con el huracán Helene.
La demanda de casi 300 páginas señala, además, que la comisión aprobó posteriormente el lanzamiento de hasta 60 cohetes al año de otro operador espacial comercial desde la misma base al aceptar que su programa forma parte de una actividad federal.
Musk, que durante años había optado por mantenerse al margen de la política, ha declarado en el último año su respaldo abierto al expresidente y candidato republicano Donald Trump, e incluso se ha convertido en un gran donante de su campaña.
En su cuenta de X, el empresario, que es el hombre más rico del mundo, pidió ayer la dimisión de los miembros de la comisión y los acusó de violar la Primera Enmienda, que recoge el derecho a la libertad de expresión, y de la que se define como un paladín.
Los reclamos de SpaceX son que la Justicia declare el programa Falcon 9 «actividad de una agencia federal» para que no requiera certificaciones, prohibir a la Comisión que lo regule, pagar los costes del litigio y «otras compensaciones», entre otras cosas.