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Defensa de Beras dice que su cliente debería quedar en libertad y enfrentar así un juicio

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Santo Domingo, (EFE).- La defensa del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant) Hugo Beras, uno de los siete detenidos imputados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, consideró este viernes que su cliente debería quedar en libertad y enfrentar en esa situación un juicio.

«Si le aplicamos los presupuestos fundamentales de una medida de coerción, lo que se impondría es una libertad pura y simple del señor Hugo Beras y que enfrente el juicio en libertad. Tiene presupuesto de arraigo familiar, arraigo económico…», dijo a los periodistas el abogado Luis Rivas.

Añadió que Beras no era director del Intrant «en el momento del supuesto sabotaje o lo que están alegando» y afirmó que, al analizar la probabilidad de que hubiera cometido los hechos, «definitivamente no hay posibilidad» de lo que se le está imputando.

El letrado, quien opinó que se ha hecho «un show mediático», también se refirió a la orden de arresto: «Es imposible, inconcebible que de una orden de arresto la prensa se entere, sin embargo el propio afectado no tiene conocimiento de eso».

Rivas indicó que Beras «en lo que cabe está bien, con el ánimo de enfrentar y de darle respuesta a esto. Y sobre todo, que es lo que a él más le preocupa, de demostrar al país que él es un hombre serio, que él es un hombre honesto, que él es un hombre inocente, y eso se va a producir».

Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público deposite la solicitud de medidas de coerción para Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) y los otros detenidos en la denominada operación Camaleón.

En lo que respecta a Jochy Gómez, hoy su defensa aseguró que ha presentado pruebas que desvinculan a su cliente de los hechos imputados.

Al anunciar el jueves estos arrestos, el Ministerio Público informó de que las imputaciones contra los detenidos son pertenencia a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios y contrabando, así como por comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología, y robo de identidad.

Entre los hechos objeto de la imputación se encuentran el contrato, que el Ministerio Público tilda de fraudulento, para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, así como un contrato que la Fiscalía tilda de «ilegal» con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix firmado el 23 de junio del 2020, utilizado «para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto».

La operación Camaleón se desplegó en la noche del miércoles, cuando las autoridades allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana y se procedió a las detenciones. EFE

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