Defensor del Pueblo cuestiona a Policía por muerte de civiles en intercambios de disparos

Santo Domingo, (EFE).- El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, cuestionó a la Policía por la muerte de civiles en intercambios de disparos, que superan el medio centenar en lo que va de año, por lo que solicitó a la Dirección de la Policía Nacional un informe sobre estos casos.
En una misiva enviada a la Dirección de la Policía Nacional y dada conocer este miércoles a la prensa en un comunicado, el defensor del Pueblo puso como ejemplo el caso del adolescente fallecido el 25 de septiembre pasado en el municipio Sábana Grande de Boyá, provincia de Monte Plata, así como la información de que en lo que va de año más de 54 ciudadanos han perdido la vida en enfrentamientos con agentes.
El dato, apuntó Ulloa, “es naturalmente preocupante porque la velocidad con la que se reproduce esta información en los medios de comunicación no permite a la ciudadanía que la recibe forjarse una opinión adecuada sin que se produzcan dudas, razonables en una sociedad democrática, sobre el uso proporcional o no de la fuerza letal por parte de los miembros de una agencia ejecutiva del Estado”.
El documento explica que el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional incluye entre sus principios fundamentales la actuación proporcional, por lo que el uso de la fuerza solo será lícito como última opción y obedeciendo a criterios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad, de conformidad con la Constitución de la República, las leyes y los reglamentos.
Asimismo, establece que la Dirección de Asuntos Internos tiene la atribución de investigar las inconductas cometidas por los servidores de la Policía y el uso excesivo de la fuerza, agrega el texto.
Ulloa reconoció “la lucha” que lleva a cabo la Policía Nacional para garantizar la paz y seguridad de la ciudadanía “por lo que es imperante saber que las acciones de la institución se realizan en respeto a los derechos que establece la Constitución de la República Dominicana”.
El defensor del Pueblo otorgó a la Policía un plazo de 30 días para entregar las informaciones solicitadas respecto a los casos.