Santo Domingo. La Procuraduría General de la República (PGR) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OGTIC), encabezadas por Miriam Germán Brito y Bartolomé Pujals, respectivamente, han firmado un acuerdo interinstitucional para la implementación de la firma digital en los documentos de la Fiscalía del Distrito Nacional y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).
Detalles del Acuerdo:
- Objetivo: Mejorar la eficiencia administrativa y la calidad del servicio en la PGR mediante la implementación de la firma digital.
- Beneficios Económicos: La firma digital permitirá un ahorro anual de más de 41 millones de pesos. La firma manuscrita en la Fiscalía del Distrito Nacional y el INACIF genera un gasto significativo en papel y otros recursos. Con la firma digital, el costo anual de procesar documentos se reducirá a RD$1,200,000, frente a RD$42,480,000 con firmas manuscritas.
Impacto de la Firma Digital:
- Reducción de Costos: La firma digital cuesta RD$5 por documento, en comparación con RD$177 para la firma manuscrita. Esto significa un ahorro significativo en el procesamiento de documentos.
- Eficiencia y Agilidad: La firma digital elimina la necesidad de que los mensajeros viajen para retirar certificaciones físicas, permitiendo que los documentos se envíen digitalmente con la misma validez legal.
Declaraciones:
- Miriam Germán Brito: Destacó que la firma digital permitirá enviar documentos desde cualquier lugar del país sin necesidad de desplazamientos físicos, facilitando un servicio más rápido y eficiente.
- Bartolomé Pujals: Resaltó que la firma digital representa un avance importante en la transformación digital de la justicia dominicana, haciendo que el sistema sea más ágil y eficiente, y beneficiando a todos los ciudadanos.
Contexto Legal:
- Ley No. 126-02: La Ley sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firmas Digitales respalda el uso de la firma digital, definiéndola como un valor numérico adherido a un mensaje de datos que garantiza la integridad y autenticidad del documento.
Este acuerdo marca un paso significativo hacia la modernización del sistema judicial y administrativo dominicano, reflejando un compromiso con la innovación y la mejora continua en la prestación de servicios públicos.
