Quito (EFE).- El 29 de julio de 2024, organizaciones feministas se manifestaron en Quito frente a la Comandancia del Ejército de Ecuador para exigir justicia por la subteniente Aidita Ati, quien presuntamente fue víctima de feminicidio en el cuartel Fuerte Militar Napo, en la provincia de Orellana. Ati, que pertenecía al Comando de Apoyo Logístico N. 19, fue encontrada muerta el 29 de junio. La versión inicial del Ejército reportó su muerte por «asfixia producida por una obstrucción de la vía aérea mientras dormía» después de una fiesta.

Sin embargo, un mes después, la autopsia reveló nuevas evidencias que apuntan a abuso sexual y lesiones en las partes íntimas de Ati, sugiriendo un presunto feminicidio. Esta información llevó a que el Tribunal de Orellana dictara prisión preventiva para cuatro sospechosos vinculados al caso. Los manifestantes exigieron que estos militares sean separados del Ejército y que el caso no quede impune. La familia de Ati, especialmente su padre Luis Ati, un militar en servicio pasivo, pidió al presidente Daniel Noboa que se asegure de que se haga justicia y que el caso sea esclarecido.

Además de este caso, las manifestaciones también hicieron eco de otros feminicidios, como el de María Belén Bernal, asesinada en 2022 por su esposo, el expolicía Germán Cáceres. La madre de Bernal, Elizabeth Otavalo, denunció que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como instituciones, perpetúan un entorno patriarcal y machista, y pidió verdad, justicia, reparación y no repetición en todos los casos de violencia de género.
Según datos de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (Aldea), Ecuador ha registrado 108 muertes violentas por razones de género entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2024, lo que equivale a una mujer víctima de feminicidio cada 34 horas. Desde que el feminicidio se tipificó como delito en 2014, se han registrado al menos 1.812 asesinatos de mujeres, niñas o adolescentes por razones de género en el país. Las cifras reflejan la persistente violencia de género en Ecuador y subrayan la necesidad de una respuesta efectiva y justicia para las víctimas.