EFE- Dos años después de la muerte de más de 50 prisioneros de guerra ucranianos en Olenivka, Ucrania sigue exigiendo justicia y denunciando las malas condiciones de los soldados en cautiverio, mientras Rusia obstaculiza una investigación independiente sobre el incidente. Irina Novosiadlo, representante de la asociación de familiares de las víctimas, resaltó durante un acto conmemorativo que al menos 53 soldados ucranianos fueron asesinados en el ataque, y la mayoría de los 120 heridos permanecen prisioneros bajo condiciones adversas.
Novosiadlo recordó que 193 soldados del batallón Azov fueron trasladados a un barracón separado en la colonia penal de Olenivka, controlada por Rusia, justo antes del ataque. Estos soldados, junto con otros prisioneros de diferentes unidades, se habían rendido tras un prolongado asedio en Mariúpol, esperando ser intercambiados según las normas internacionales. Sin embargo, en lugar de ello, fueron sorprendidos por explosiones durante la noche.
La ONG Iniciativa de Medios por los Derechos Humanos documentó que, además de las muertes por explosiones e incendios, al menos ocho prisioneros murieron debido a la falta de atención médica adecuada en el centro de detención. La coalición de ONG ucranianas 5AM también señaló que el sistema internacional de justicia enfrenta grandes desafíos para responsabilizar a los responsables de la tragedia. La oficina de Derechos Humanos de la ONU informó que las autoridades rusas han bloqueado los intentos de investigar el incidente de manera independiente, aunque la investigación de la ONU desmintió las afirmaciones rusas de que los ataques fueron provocados por misiles HIMARS ucranianos. En realidad, el proyectil que impactó el barracón parecía proceder del territorio bajo control ruso.
Dmitró Lubinets, defensor del pueblo ucraniano, ha solicitado a la ONU y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que cumplan con su mandato y lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre la masacre. La situación es aún más preocupante para los supervivientes y los restantes 900 prisioneros de guerra del batallón Azov, quienes no han sido intercambiados en los últimos 14 meses. Se ha documentado al menos 110 muertes de prisioneros ucranianos en cautiverio ruso, lo que ha intensificado el temor por el bienestar de los que aún permanecen detenidos.
Jristina, esposa de un soldado, expresó la preocupación generalizada en un acto conmemorativo, señalando que pronto podría no haber más prisioneros para intercambiar. Denis Prokopenko, comandante del batallón Azov, también ha instado a la comunidad internacional a usar todas las herramientas disponibles para presionar a Rusia y asegurar que los prisioneros regresen vivos y no en condiciones de tortura.
Las condiciones deplorables de detención, la falta de atención médica y el escaso contacto con el exterior han sido denunciados por la oficina de Derechos Humanos de la ONU. Además, varios familiares han recibido llamadas y vídeos inesperados de los cautivos, quienes expresaron su frustración por no ser incluidos en los intercambios. Maria Alekseevich, esposa de un prisionero, describió el breve contacto con su marido como una mezcla de esperanza y tristeza.
El vicecomandante de Azov, Sviatoslav Palamar, ha instado al Gobierno ucraniano a priorizar a los prisioneros del batallón Azov en los próximos intercambios. La agencia gubernamental encargada de los canjes de prisioneros declaró que Rusia está intentando provocar conflictos internos al hacer creer a los familiares que Kiev está bloqueando deliberadamente el regreso de los prisioneros.
