Por el Dr. Gil Carpio Guerrero
La independencia de la República en febrero de 1844 fue obra de la pequeña burguesía dominicana encabezada por Juan Pablo Duarte y Los Trinitarios, en una alianza con el sector de los hateros representado por Pedro Santana. Aunque los hateros constituían un sector social y económico en decadencia, que carecía de dinero, por más de 2 siglos había sido el centro de la autoridad en las comunidades de esta parte de la isla, por tanto, su integración a la causa de la separación era necesaria. La pequeña burguesía integrada por comerciantes, dueños de estancias, cortadores de madera y los cosecheros de tabaco del Cibao, luego del fracaso de los gobiernos de Santana jugaron un papel estelar en la desaparición de los hateros como sector dominante en la sociedad dominicana.
El 26 de mayo de 1856, en medio del desastre económico en que se encontraba el gobierno, Pedro Santana renuncia a la presidencia de la República y deja en el cargo a Manuel de Regla Mota, quien era el vicepresidente, pero, presionado por sectores baecistas y los cónsules de España, Francia e Inglaterra, muy especialmente el español José María Segovia, Manuel de Regla Mota renuncia y asume de nuevo la presidencia de la República Buenaventura Báez, el 8 de octubre de 1856. Santana es desterrado del país y se radica en la isla de Santomas.
El cónsul español, José María Segovia no solo ejerció presión para sacar del poder a Santana y para el retorno de Báez, sino que dirigió un plan de matricular en el consulado como ciudadanos españoles a los seguidores de Báez que quisieran, con lo cual no podían ser perseguidos políticos, pues eran ciudadanos españoles. De ese plan fue víctima el pueblo dominicano, pues su aplicación terminó cinco años más tarde en la Anexión a España.
El retorno de Buenaventura Báez al país despertó entusiasmo entre los dueños de comercios y demás sectores de la capital. Recordemos que Báez había sustituido a Duarte como representante de la pequeña burguesía del país, que como sabemos, para que se produjera la Independencia debieron hacer una alianza con los hateros representados por Pedro Santana en 1843; pero, para ese entonces (1856) ya esa alianza se había roto. Como líder de la pequeña burguesía, Báez arrastraba también los sectores pobres que eran los más numerosos. Así como despertó entusiasmo en las diferentes capas de la pequeña burguesía de la capital el retorno al poder de Buenaventura Báez, de modo adverso, se produjo una repulsa extraordinaria contra Pedro Santana, pero no por razones ideológicas, pues ninguno de los sectores sociales enfrentados tenía conciencia para saberlo, sino que el rechazo o animadversión a Santana venía de la desastrosa gestión económica de mandato.
La alianza entre la pequeña burguesía y los hateros que se produjo en 1843 dio como resultado la Independencia de la República, pero ya para 1856 esa alianza se había roto por el desastre económico de los gobiernos de Santana; sin embargo, por las mismas razones que económicas que aborrecieron a Santana, en el año de 1857 se volverían contra Báez y de nuevo se produce la alianza entre la alta pequeña burguesía comercial (esta vez la de Santiago y el Cibao) y los hateros encarnados por el mismo Pedro Santana; pero esta vez las consecuencias serían la pérdida de la Independencia o llamémoslo concretamente, la Anexión a España.
Con la firma del Tratado de París de 1856 en el que participaron Inglaterra y Francia, que puso fin a la Guerra de Crimea, la zona del Cibao que había estado produciendo buen tabaco, aumenta su producción, gracias al acuerdo de paz convenido con Haití en febrero de 1857, lo que permitió que miles hombres que por años se dedicaron a la defensa de la patria, pudieran entrar a la actividad económica a través de la producción del tabaco cibaeño, atrayendo compradores de Alemania, Francia e Inglaterra, quienes pagaban en monedas fuertes de oro y plata. De esta manera, el tabaco se convirtió en el principal t más rentable producto de exportación del país durante casi todo el siglo XIX.
La crisis monetaria y financiera que venía arrastrándose desde el primer gobierno de Santana, dada la condición del país con una estructura productiva pre-capitalista con una economía de autoconsumo y de subsistencia, se agudizó con las medidas implementadas por Buenaventura Báez, quien aprovechando la situación que se estaba produciendo entre cosecheros y comerciantes de tabaco, que los primeros se endeudaban cuando el papel moneda escaseaba, y pagaban cuando se revalorizaba en tiempos de cosecha, lo cual les provocaba grandes pérdidas que solo beneficiaban a los grandes comerciantes. El gobierno de Báez consiguió la autorización del congreso para la emisión de papel moneda y entre marzo y abril salió, a través de sus allegados, a recoger todas las monedas fuertes que traían los compradores del exterior, lo que perjudicó grandemente a los comerciantes del Cibao. Esto trajo como resultado el inicio de la Revolución de 1857, llevada a cabo por la pequeña burguesía comercial del Cibao, conformando un gobierno provisional el 7 de julio de 1857, al frente del cual fue nombrado José Desiderio Valverde, pero los líderes del movimiento eran: Benigno Filomeno de Rojas, Ulises Francisco Espaillat, Pedro Francisco Bonó y Juan Luís Franco Bonó.
El gobierno de Santiago se hizo fuerte en el Cibao, pero encontró mucha resistencia en Santo Domingo, a la cual sitió durante varios meses, lo que obligó a los revolucionarios pactar el regreso de Pedro Santana de su destierro de Santomas a Santiago de los Caballeros donde recibió el mando militar de la revolución. Con ese acuerdo de los revolucionarios y Santana, se reanuda la alianza de la pequeña burguesía y los hateros, pero esta vez tendría consecuencias funestas para la República Dominicana. En la medida en que se debilitaba el gobierno de Báez se fortalecía la autoridad militar de Santana, no así la del gobierno de Santiago. Esta situación terminó de definirse el 26 de marzo de 1858 cuando un buque de la armada de los Estados Unidos entró al Puerto de Santo Domingo con el pretexto de proteger las vidas de los ciudadanos americanos residentes en esta ciudad (nadie sabe si realmente vivían norteamericanos aquí, pues Estados Unidos ni representante consular tenía para esa época en nuestro país); con la intervención de los cónsules de Francia, Inglaterra y España, fue firmado un acuerdo mediante el cual Báez dejaba la presidencia de la República y se le permitiría viajar con su familia y sus bienes muebles, incluidos 50,000 pesos en monedas fuertes, así como a todos aquellos que colaboraron en su gobierno se le concedería pasaporte por si querían abandonar el país. Santana garantizaba que no perseguiría ni molestaría a nadie que hubiera luchado por sostener el gobierno de Báez.
Báez salía del país el 13 de junio de 1858 y ya el 27 del mismo mes Santana desconocía el gobierno de Santiago y conformaría uno en la capital, presidido por él. Inmediatamente despachó para Santiago el mismo ejército con que había tomado la ciudad de Santo Domingo, sin contratiempo, tomando la plaza de Santiago sin resistencia, habiendo abandonado la plaza y el país casi todo el gabinete del gobierno revolucionario.
Entre 1859 y 1860 el país estaba económicamente quebrado y Santana y sus colaboradores se mostraron como verdaderos incapaces en la administración del estado, unido a la creencia de los sectores más conservadores de la joven república de que era imposible que por nuestros propios medios pudiéramos defendernos de la permanente amenaza que representaba Haití y de hacer de nuestro país una nación económicamente prospera, al caudillo hatero, no se le presentaban más que dos alternativas: le entregaban el gobierno a los baecistas o buscaban la protección de un poder supranacional que se hiciera cargo del país y optaron por esto último. En abril de 1860 se le solicitaba a España que la República Dominicana quería ser incorporada el reino de España, hecho que se consumó el 18 de marzo de 1861.
Los actos de oposición a la pérdida de la soberanía se iniciaron inmediatamente, Manuel Rojas y Olegario Tenares en San Francisco de Macorís el 23 de marzo de 1861, los intentos del presbítero Fernando Arturo de Meriño, la frustrada insurrección de José Contreras en Moca con la toma del cuartel militar el 2 de mayo, el lanzamiento de pasquines en Puerto Plata; y la incursión por la frontera de Francisco del Rosario Sánchez y José María Cabral en el mes de junio de 1861, la cual estuvo precedida de gestiones ante el gobierno haitiano para que le prestara la ayuda necesaria a los anti anexionistas, pero por presiones de los cónsules de España, Francia e Inglaterra y una corriente a lo interno del gobierno haitiano, la ayuda no fue prestada, aunque el movimiento concitaba la simpatía del presidente Fabré Geffrard, quien se manifestó en contra de la anexión.
A su paso por las comunidades del sur, la expedición de Sánchez y Cabral encontró muchos adeptos; sin embargo, luego de la toma de varios pueblos, el grupo de expedicionarios que comandaba Sánchez fue emboscado en El Cercado, produciéndose el posterior juicio sumario y el fusilamiento del patriota y los más de 20 acompañantes el 4 de julio de 1861; José María Cabral logró cruzar la frontera sin que le pudieran dar caza.
Este fatídico acontecimiento marcó el inicio de las contradicciones entre Pedro Santana y las autoridades españolas por la cruel y determinante sentencia ejecutada por Santana.; la zona fronteriza fue militarizada y fueron perseguidos y arrestados todos los opositores a la anexión. Una escuadra española incursionó en territorio haitiano en represalia por la posición del presidente de ese país frente a la anexión. Esto generó gran indignación en Haití, lo cual produjo un llamado a las armas en una proclama al ejército y a la población; un grito de guerra, pero que no pasó de ahí.
El gobierno haitiano optó por la vía diplomática para tratar de revertir la anexión del territorio dominicano al Reino de España, enviando un extenso documento a los gobiernos de Inglaterra y Francia, los cuales no mostraron ningún interés en cambiar la situación dominicana, dándolo como un hecho consumado. En cambio, el gobierno de los Estados Unidos si protestó la anexión del territorio dominicano a España, a través del portavoz de la Unión Americana, el Secretario de Estado William E. Seward, invocando la famosa Doctrina Monroe, aquella de “América para los americanos”. Chile y Perú también protestaron el acontecimiento, enviando sendos documentos a las naciones del continente a través de su respectivos Ministros de Exteriores a mediados de 1861.
Luego de recibir la comunicación aceptando la incorporación del territorio dominicano como provincia de ultramar del Reino de España, Pedro Santana dispuso que siguieran vigentes las leyes, decretos y resoluciones que regían la vida política del país hasta ese momento, excepto en lo atinente a la soberanía, potestad que deberá ejercer de manera absoluta la Reina Isabel II. El territorio dominicano terminó de ser ocupado por las tropas militares españolas y los funcionarios civiles que ocuparían la administración pública; Santana seguiría como Gobernador y Capitán General de la nueva provincia de ultramar de España. En la medida en que se iban incorporando las tropas españolas y los funcionarios civiles a la administración publica de la colonia, Santana iba recibiendo instrucciones del Gobernador y Capitán General de Cuba, Francisco Serrano, algo mas que una pesadilla para Santana, dado el poco o ningún nivel de organización que tenía el gobierno dominicano, lo cual provocó no pocas contradicciones entre los españoles y Santana. Esas contradicciones sirvieron a los españoles para ir reduciendo las prerrogativas que tenía Santana, pues el plan era sustituirlo como gobernador y capitán general.
La creación de una junta encargada de clasificar los militares dominicanos entre activos y pasivos, por grados generales, jefes y oficiales trajo serias dificultades a la junta y gran disgusto entre la mayoría de los afectados, que como sabemos eran muchos, en razón del casi permanente estado de guerra con Haití. La mayoría de nuestros militares eran mulatos y negros, con poco o ningún grado de instrucción. La junta al momento de hacer la clasificación, de manera deliberada, tomaba en cuenta si eran seguidores de Santana o no. Basados en esos parámetros y dado que los oficiales españoles provenían de Puerto Rico y Cuba, donde la corona mantenía como política de estado el racismo (todavía estaba vigente el régimen de la esclavitud), la inmensa mayoría terminó relegado a las reservas de pasivos, los cuales ganaban la mitad del sueldo de los activos.
El aumento de las contradicciones entre las autoridades españolas y Santana fueron en aumento y la presión sobre el gobernador y capitán general criollo lo llevaron a tomar la decisión de dimitir en el mes de enero de 1862, alegando problemas de salud; mientras tanto, todo el entorno de Santana iba siendo sustituido por españoles traídos de Cuba, Puerto Rico o de la península ibérica.
La situación económica de los dominicanos se deterioraba aun mas de lo que estaba antes de la anexión, pues la sustitución del papel moneda dominicano por la moneda española se estaba haciendo de manera muy lenta y las autoridades ponían unas condiciones tan difíciles que muchos terminaron por quemar sus papeletas o se vieron obligados a cambiarlas por una ínfima parte del valor que debían tener con la moneda española. Esto fue creando un ambiente de disgusto general en el pueblo dominicano, no importando a cuál sector social perteneciera la persona, desde los comerciantes más importantes del Cibao y Santo Domingo hasta los campesinos pobres y muy pobres.
Recordemos que no pocos dominicanos no pusieron oposición a la anexión, porque creían que la situación económica iba a mejorar; sin embargo, lo que hizo fue empeorar. El disgusto del que tenía las papeletas y no podía usarlas porque no se las aceptaban o de los hombres del campo que sacaban sus cosechas y no encontraban quien las comprara, porque no había dinero. Igual suerte que la del campesino era la del pequeño comerciante con la mercadería que tenía en existencia.
A todo este panorama súmele la carga impositiva que empezó a cobrar el gobierno español, que hasta el transporte a lomo de mulos (era el medio de transporte terrestre que había en el país) le pusieron impuestos, produciéndose manifestaciones de protestas en casi todo el país. Esto llevó al país a una parálisis general en los primeros meses de 1863, con insurrecciones en Neiba el 9 de febrero, Guayubín el 20 de febrero, Sabaneta el 21 de febrero, Monte Cristi el 23 de febrero y en Santiago el 24 de febrero, este último movimiento (el más importante de los que acontecieron en febrero) dispersado y perseguido, muchos de los insurgentes fueron fusilados, entre los que estaban Eugenio Perdomo, Pedro Ignacio Espaillat y Ambrosio de la Cruz, quienes se habían reunido en el taller de sastrería de Ramón Almonte ubicada en la calle Traslamar (hoy calle Beller) de la ciudad de Santiago, luego se presentaron al Cabildo expresando “que venían en nombre del pueblo a exponer que, deseosos de reconquistar sus derechos de hombres libres y de sacudir para siempre la dominación extranjera, participaban al ilustre Ayuntamiento que estaban decididos a llevarlo a cabo, sin salir responsables del mal resultado que pudiera haber si las fuerzas españolas trataban de contrarrestar la voluntad popular”. A partir de esa fecha se desató una gran represión en todo el país, muy especialmente en la Línea Noroeste, donde se sentía con mas fervor el ambiente anti anexionista.
Estas rebeliones tuvieron un gran impacto en todo el territorio dominicano creando una atmósfera de agitación en el seno del pueblo, sobre todo, en los sectores más humildes (pequeña burguesía pobre y muy pobre), pues la mayoría de los insurrectos eran labriegos, artesanos, militares reservistas, pequeños comerciantes, terratenientes y profesionales liberales, por las razones que hemos mencionado, y a partir del 16 de agosto del mismo año tuvo inicio la lucha definitiva contra la anexión, que solo iba a cesar con la salida de las tropas españolas el 11 de julio de 1865.
Gil Carpio Guerrero