La Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados recibió este lunes a Rosalia Sosa Pérez, Vicerrectora de Extensión y a Manuel D’Aza, Consultor Jurídico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para escuchar la opinión de la alta casa de estudios sobre el proyecto de ley que crea el Ministerio de Justicia, una iniciativa del Poder Ejecutivo.
De entrada, los representantes de la UASD dejaron claro que están de acuerdo con la creación del Ministerio de Justicia, por entender que sería útil para fortalecer la persecusión del crimen en todas sus modalidades, ya que la actual Procuraduría General de la República tienen funciones y competencias que no le son propias como es la administración del sistema penitenciario.
En ese sentido, entienden que la administración del Sistema Penitenciario sea administrado por el Ministerio de Justicia, y favorecen la creación en el ministerio de las casas de acogidas judiciales, como entes de prevención del crimen en los barrios y la mesa de coordinación de justicia, como mecanismo para el cumplimiento de la ley.
Rosalia Sosa es de opinión que para la creación del Ministerio de Justicia no se necesita una reforma constitucional, ya que a su entender la propia Constitución permite que con una ley se regule el tema de la administración del sistema de justicia.
El presidente de la Comisión de Justicia, diputado Alexix Jimenez, dijo que los miembros de la comisión quedaron edificados con las explicaciones de los juristas de la Universidad Autónoma.
Explicó que la comisión está abierta a recibir las propuestas por escrito de parte de la alta casa de estudios, con el objetivo de fortalecer el proyecto de ley.
Objetivo del proyecto
El objetivo del proyecto es fortalecer el Sistema de Justicia, a la vez que crear y organizar la estructura y funciones del Ministerio de Justicia.
«Se crea el Ministerio de Justicia como órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo para la colaboración funcional y administrativa al Sistema de Justicia, la representación judicial y extrajudicial del Estado y la Administración Pública y la coordinación del Sistema Nacional de Derechos Humanos y el Sistema Penitenciario y Correccional», establece en su artículo 7 la redacción del proyecto.
